Por Mirte Postema
La decisión del presidente de Guatemala Alejandro Giammattei de volver a nombrar a una fiscal general manchada por la corrupción es una clara señal de los profundos problemas que tiene ese país con la corrupción sistémica y las violaciones de los derechos humanos. El mandato de la fiscal general Consuelo Porras se ha caracterizado por obstruir investigaciones de corrupción que involucran a las élites políticas y empresariales, despedir a fiscales anticorrupción y convertir su oficina en un instrumento de criminalización de quienes han encabezado la lucha contra la corrupción y la impunidad. Aunque el Departamento de Estado de Estados Unidos impuso sanciones a Porras por estas razones, el presidente Giammattei le concedió un segundo mandato como jefa del Ministerio Público (MP).
De 2019 a mayo de 2022, al menos 22 fiscales, jueces y personas defensoras de derechos humanos han tenido que exiliarse, principalmente en Estados Unidos, y las autoridades guatemaltecas han detenido al menos a siete fiscales anticorrupción. Virginia Laparra es una de las fiscales detenidas este año. La visité en abril pasado en la prisión de Mariscal Zavala, en la capital guatemalteca, donde esencialmente es una presa política y ha estado injustamente encarcelada desde febrero.
