Cinco mujeres jóvenes se sentaron contra la pared fría del centro de detención Siglo XXI en Tapachula, México, en busca de alivio para el abrasador calor de la mañana. Sus ojos y rostros lucían comprensiblemente cansados cuando me les acerqué. Seguramente se preguntaron si yo era un miembro del gobierno de Estados Unidos o de la odiada “migra” (patrulla fronteriza).
«Buenos días», dije en mi mejor español y ellas me saludaron nerviosamente. «¿De dónde son?», pregunté con la esperanza de establecer una conexión. Cuatro de las cinco mujeres eran de Honduras y la quinta de El Salvador. “Mi esposa y yo vivimos en Honduras durante dos años», les comenté. Se sorprendieron un poco y me pusieron a prueba. A medida que yo respondía sus preguntas sobre calles, avenidas y esquinas hondureñas se relajaron un poco. Luego les pregunté sobre sus barrios. No fue sorpresa que provinieran de pueblos y comunidades marginales conocidos por las pandillas y la violencia.
Las cinco mujeres habían estado recluidas en el centro de detención durante varias semanas y me compartieron lo miserables que eran ahí las condiciones. Todas se quejaron del hacinamiento, la suciedad, la mala comida y mala atención médica para niños y adultos. Una de ellas contó que lloró durante dos días cuando fue separada de su hija. Otra mujer, tal vez de unos 20 años, tuvo sospechas de que estaba embarazada mientras estuvo detenida. Ya era madre de dos niños.
La joven pidió ver a una trabajadora de salud y que le realizaran una prueba, la cual confirmó su embarazo. La trabajadora le dio una píldora. Ella no sabe qué ingirió, pero se enfermó violentamente y perdió al bebé en un día. Una mujer salvadoreña tuvo una experiencia similar, aunque no perdió el feto. Contó que también la hicieron tomar la píldora y que se puso muy enferma. Su cuerpo se hinchó y se tornó morado. Se quejó y la liberaron. Caminó por la calle hacia otro centro de salud, no conectado al centro de detención, y recibió cuidados médicos hasta que se sintió mejor.
No hay manera de verificar estas historias ya que no tuvimos acceso al centro de detención (aunque yo he ingresado ahí con anterioridad) y no pudimos saber qué pastilla fue administrada a las mujeres. Sin embargo, ellas estaban claramente traumatizadas.
Aquella es solo una parte de sus historias. Estas mujeres dejaron sus hogares en Centroamérica debido a una combinación de extrema violencia y desesperación económica. Una de ellas contó que estaba huyendo de un hombre que la golpeaba. Ella rogó a un representante del ACNUR que llegara con nosotros para ayudarla a trasladarse a otro lugar porque recientemente había visto a su atacante en Tapachula y creía que él todavía la estaba buscando. Otra mujer dijo que huyó cuando las pandillas en su comunidad, en las afueras de San Pedro Sula, Honduras, mataron a su pareja y me expresó su preocupación por la joven que dejó atrás y que también fue amenazada por las pandillas.
La ola de migrantes centroamericanos que rompió récords en abril, mayo y junio de este año parece estar disminuyendo. Julio registró un pequeño descenso. Algunos dicen que esto es el resultado de esfuerzos más agresivos de la aplicación de la ley mexicana en su frontera sur. Nosotros fuimos testigos de un poco de esto cuando caminamos a lo largo del río Suchiate que divide México y Guatemala. México ha conformado una nueva fuerza de seguridad, conocida como la Guardia Nacional (GN), y le asignó un control fronterizo más vigoroso, similar a las prácticas estadounidenses a lo largo de su frontera con México.
Una caminata a lo largo del Suchiate (donde los migrantes y el contrabando habían fluído libremente solo unos años atrás) mostró un tráfico bastante reducido. Los soldados de la Guardia Nacional armada se paraban cada 100 metros a lo largo de la orilla del río, bajo la sombra de un árbol y viendo hacia el lado guatemalteco. Las balsas todavía se cruzan con el contrabando y las personas, pero ahora hay menos y son recibidas por funcionarios de inmigración mexicanos que verifican sus credenciales cuando desembarcan.
Mis conclusiones: los migrantes centroamericanos siguen llegando a la frontera de México-Guatemala a un ritmo significativo, aunque en cantidades ligeramente menores. Cada vez más, los gobiernos de Estados Unidos y México adoptan políticas punitivas que resultan en más detenciones. En algunos casos la detención ocurre en condiciones “inhumanas”, según la describen migrantes y activistas. Las adversidades y los traumas que enfrentan los migrantes en el camino se basa en la desesperación que los llevó a huir de sus hogares. La violencia proveniente de múltiples fuentes (interpersonal, pandillas y el Estado) es la razón que más arguyen los migrantes, especialmente aquellos que llegan de Honduras. Para proteger los derechos de la gente vulnerable y desesperada, los gobiernos de Centroamérica, México y Estados Unidos deben reconsiderar la política actual y abordar las causas de la migración para reducir la vulnerabilidad de aquellos que buscan protección.
Eric L. Olson
Director de la iniciativa CA en DC
