Por Mirte Postema
El respeto para el Estado de derecho es un componente fundamental para la existencia de una democracia constitucional. Solo así es posible garantizar los derechos de toda la población –no únicamente la más influyente– y crear las condiciones para que todas las personas lleguen a su máximo potencial. Guatemala está lejos de este ideal. Quizá la razón más importante es la reciente instrumentalización de la justicia para perseguir a quienes han encabezado la lucha contra la corrupción y la impunidad en la última década. El mandato de la fiscal general Consuelo Porras se ha caracterizado por obstruir investigaciones de corrupción que involucran a las élites políticas y empresariales y despedir a fiscales anticorrupción. Todo esto ha sido avalado por el Poder Judicial, cuyos jueces aceptaron los planteamientos del Ministerio Público (MP), y por el Ejecutivo que la nombró por un segundo periodo como fiscal general.
De 2019 a la fecha, al menos 22 fiscales, jueces y personas defensoras de derechos humanos se vieron obligadas a salir de Guatemala debido a intentos de criminalización. Además, por lo menos siete fiscales y otros funcionarios anticorrupción han sido detenidos por cargos espurios.
