La fuerza del empoderamiento legal

Luis López tomó un bus en San Salvador, llegó a Antigua Guatemala y se presentó en el curso con la esperanza de encontrar apoyos para echar a andar una idea. Luis desea crear un proyecto que ayude a las familias de los migrantes salvadoreños desaparecidos a poner un punto final, al menos legal, a su agonía de muchos años.

La idea, me cuenta Luis durante el receso del almuerzo, es contratar un abogado para que ayude a las familias a tramitar ante un juez la declaración de “muerte presunta” de su ser querido y que, con esta constancia, puedan hacer uso de los bienes que les dejó el migrante antes de emprender el viaje sin retorno y cobrar la pensión de la seguridad social.

Las cifras de migrantes centroamericanos desaparecidos no son exactas, el subregistro es enorme. Se sabe apenas que cientos de hombres y mujeres salen de sus pueblos, comunidades empobrecidas o violentas en Centroamérica, emprenden el viaje por tierra y su rastro se pierde entre México y Estados Unidos. Simplemente desaparecen, como si se los tragara la tierra. Sus familias los buscan infructuosamente por años, se resisten a darlos por muertos, y cuando finalmente se resignan a la verdad del fallecimiento, no cuentan con un certificado de defunción y los bienes del migrante desaparecido se quedan congelados indefinidamente.

La figura de “muerte presunta” en El Salvador consiste en una declaratoria que hace un juez civil después de que transcurrieron al menos cuatro años de la desaparición de una persona y de que su familia hizo una búsqueda exhaustiva demostrable. Si no hay objeción, el juez declara la “muerte no definitiva” del fallecido, entonces la familia puede tramitar el cobro de seguros, pensiones y utilizar o vender las propiedades, lo cual puede tomarle otros cinco o seis años. Un juez podrá declarar la muerte total 15 años después de la declaratoria de muerte presunta.

Luis conoce esta realidad porque es coordinador de proyectos del Comité de Familiares de Migrantes Desaparecidos en El Salvador (Cofamide), pero también porque lo ha vivido en carne propia. Su hermano emigró en 2001 y le perdieron la pista cuando atravesaba México. No dejó hijos, sus padres habrían sido los beneficiarios de la pensión del seguro social, pero ambos ya fallecieron. Luis y su hermana serían los beneficiarios si contaran con la ayuda de un abogado para hacer el engorroso y costoso trámite. Luis conoce al menos a 14 familias como la suya dispuestas a ser parte de un plan piloto de apoyo legal a familiares de migrantes desaparecidos.

Luis fue participante del Intercambio de Experiencias para Centroamérica y México, un taller organizado por la Red Global de Empoderamiento Legal para promover el empoderamiento legal desde las comunidades. El encuentro se realizó en Antigua Guatemala del 8 al 14 de julio y tuvo 28 participantes de 15 organizaciones. La mayoría de ellas trabaja en proyectos de género, ambientales, de salud o de apoyo a migrantes.

La Red Global de Empoderamiento Legal es convocada por Namati, una organización internacional dedicada a “poner el poder de la ley en manos de la gente”. El trabajo de la Red consiste en dotar de herramientas a las comunidades, especialmente las marginadas, y procura que los marcos normativos no solo estén en manos de los abogados, sino que las personas los conozcan, los usen y se conviertan en agentes de cambio de sus propias realidades. El empoderamiento legal contribuye a llevar la justicia a lugares recónditos y ayuda a las comunidades a involucrarse en la resolución de sus conflictos por la custodia de hijos, por violencia de género, por problemas de tierra, por uso de los recursos naturales, por el acceso a servicios públicos, entre una larga lista. La Fundación Internacional de Seattle apoya el trabajo de la Red de Namati desde 2018.

La Red, que cuenta con 2 mil organizaciones y 7 mil integrantes, ha realizado siete encuentros regionales, pero este año es la primera vez que emprende uno en Centroamérica y México. Los resultados fueron positivos. Reunir a personas de países con realidades tan afines permitió discusiones y propuestas más profundas, así como una red de contactos más cercanos para los participantes, me explica Luciana Bercovich, la coordinadora de la red en Latinoamérica (o senior network engagement officer, como es su cargo en inglés).

El taller finalizó con una visita a defensoras de salud de Sololá (departamento que rodea al hermoso lago de Atitlán) y cada organización presentó un plan de trabajo para desarrollar en su país y poner en práctica los aprendizajes del taller. La Red también hizo una lista de los temas sobre los cuales los participantes desean capacitarse y priorizó webinars, conversaciones en línea y mentorías y buscará financiamiento para a echar a andar los proyectos.

Aunque Luis López tenía clara su idea desde que llegó a Antigua Guatemala, otros participantes como Edwin Reyes la definieron durante el curso. Edwin es coordinador de Incidencia y Movilización Social en el Centro Integral de Atención a las mujeres  –CIAM Cancún– y en el segundo día del taller evaluaba si presentaría una propuesta de incidencia juvenil o un plan para fiscalizar la prestación de servicios de salud sexual y reproductiva para jóvenes en México. Conoce las deficiencias de los “servicios amigables”, como los llama el Gobierno, porque es usuario. Sabe que es común llegar y tener que pedir un condón del otro lado del mostrador a oídos de todos, el terror para cualquier adolescente que acude por primera vez y busca discreción y privacidad. Si ellos conocieran sus derechos, podrían exigirlos, advierte Edwin sonriente.

La Red Global de Empoderamiento Legal organizó este encuentro con la colaboración del Centro de Estudios para la Equidad y Gobernanza en los Sistemas de Salud en Guatemala (CEGSS) y el Grupo de Monitoreo Independiente de El Salvador (GMIES).

Paola Hurtado, coordinadora de Comunicaciones