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Seguridad y derechos humanos

Foro: políticas públicas de seguridad para la garantía de los derechos humanos en El Salvador

Fecha:

16 de julio, 2019

Horario:

09:00am-01:00pm UTC-6

Ubicación

Hotel Sheraton Presidente
Av. La Revolución, Col. San Benito
San Salvador, WA, El Salvador

Precio:

Gratuito

Resumen

El objetivo de este foro fue propiciar la discusión sobre políticas públicas de seguridad en El Salvador respetuosas y garantes de los derechos humanos.
También buscó conversar con diversidad de actores sociales sobre los antecedentes de la política de seguridad implementada en El Salvador en los últimos años y sus consecuencias sobre los derechos humanos; reflexionar acerca del impacto en los derechos humanos de la militarización en las tareas de seguridad; generar un espacio de reflexión sobre los estándares internacionales a tomar en cuenta para garantizar una política pública de seguridad ciudadana desde un punto de vista democrático; generar un espacio favorable de las autoridades públicas para implementar y garantizar esas políticas públicas; evidenciar las ventajas comparativas del abordaje de la seguridad desde los derechos humanos sobre otras aproximaciones; y fortalecer y promover la participación de la sociedad civil en el proceso de construcción y seguimiento de la política de seguridad.

Panelistas

Claudia Paz y Paz

Exfiscal general de Guatemala y directora

CEJIL, programa para Centroamérica y México

Conclusiones

Con el objetivo de promover una discusión sobre políticas públicas de seguridad respetuosas y que garanticen los derechos humanos que incluyan controles democráticos en El Salvador, se llevó a cabo el foro titulado “Políticas públicas de seguridad para la garantía de los derechos humanos en El Salvador”.
El evento, organizado por Cristosal, el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), la Fundación para el Debido Proceso, The Seattle International Foundation (SIF) y la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) reunió a personas de distintos ámbitos para analizar cómo aportar a la construcción de una sociedad más segura, pero también más democrática.
“Este foro es un espacio que las organizaciones internacionales y sociedad civil ofrecen para el diálogo con instancias estatales orientado a la discusión y análisis de la importancia de observancia a la garantía de los derechos humanos en toda iniciativa, política o programa relacionado con seguridad pública sobre la base de la normativa internacional de obligatorio cumplimiento en un Estado de Derecho”, expresó Celia Medrano, directora Regional de Programas de Cristosal.
Para esto, recurrió al análisis histórico y de carácter regional, respecto de la percepción de inseguridad y el legítimo reclamo de la población al respecto. “Para analizar el problema de la seguridad en la región, El Salvador debe repasar el recorrido histórico de violencia ejercida contra los grupos más vulnerables. Ésta es una oportunidad de romper con este continuo de violencia, y de implementar políticas a través de procesos transparentes, que permitan la participación de la sociedad civil y abonen a la reconstrucción del tejido social en el país”, expresó Claudia Paz y Paz, directora de CEJIL para Centroamérica y México.
Tras casi 20 años de políticas de seguridad de “mano dura”, como estrategias para luchar contra la violencia y la criminalidad que sufre El Salvador, la violencia e inseguridad lejos de reducirse sigue en niveles muy preocupantes. “Las políticas de seguridad que respeten los derechos humanos son más efectivas y garantizan sostenibilidad en el mediano y largo plazo”, añadió Mirte Postema, representante de SIF.
Latinoamérica es considerada desde hace años la región más violenta del mundo, siendo Mesoamérica donde se concentran los mayores índices de violencia. De acuerdo con cifras del reciente Índice Global de Paz 2018, México, Centroamérica y el Caribe, como región, conserva desde hace 8 años los niveles más altos de índice de homicidios, delitos violentos y percepciones de criminalidad.
Al respecto, las y los expertos señalaron que hay caminos pendientes de asumir, como fortalecer una política de investigación criminal efectiva, promover la debida aplicación del derecho penal, y recuperar la institucionalidad. Así también, coincidieron en que El Salvador aún tiene enormes desafíos pendientes para reconstruir el tejido social y superar la desigualdad, como garantía de que las políticas implementadas superen los obstáculos estructurales que hoy enfrenta el país.

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