Guatemala, 14 de junio de 2023. La Fundación Internacional de Seattle (SIF) lamenta la condena a seis años de prisión dictada este día contra el periodista guatemalteco José Rubén Zamora Marroquín, la cual pone en relieve el debilitamiento de la democracia y de la libertad de prensa en Guatemala, a tan solo 11 días de que este país celebre elecciones generales.
Un tribunal guatemalteco condenó hoy al fundador y expresidente del diario elPeriódico a seis años de cárcel por el delito de lavado de dinero más una multa de Q300,000, equivalente a unos US$39,000, y le absolvió de las acusaciones de chantaje y tráfico de influencias por las que el Ministerio Público (MP) pedía una condena total de 40 años de cárcel. Zamora anunció que apelará la sentencia y que buscará llevar su caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Por su parte, la exauxiliar fiscal Samari Gómez Díaz, acusada revelar información confidencial, fue absuelta y obtuvo su inmediata liberación.
Desde su detención el 29 de julio de 2022, el periodista Zamora ha defendido su inocencia y ha calificado el caso como una persecución política por las denuncias que hizo elPeriódico –medio obligado a cerrar en mayo pasado– sobre la corrupción en el actual Gobierno. Organismos defensores de la libertad de prensa han señalado diversas irregularidades y violaciones al debido proceso en el caso contra Zamora, incluida la renuncia de ocho de sus abogados defensores y la acusación contra cuatro de ellos por obstrucción de la justicia, el inicio de una investigación en contra de periodistas y columnistas que se pronunciaron sobre el caso, y recientes cargos presentados por el MP contra Zamora por otros supuestos delitos.
Existe una preocupación internacional generalizada de que el caso contra Zamora podría extenderse a más periodistas, de diversos medios, y sentar un nefasto precedente para cualquier opinión disidente a la del Gobierno y sus aliados.
SIF hace un llamado a la comunidad internacional, particularmente al Gobierno de Estados Unidos, a reiterar que la democracia depende de una prensa independiente y a dimensionar la gravedad que este caso supone para el Estado de derecho y la libertad de expresión y de prensa en Guatemala.
Es importante que las personas periodistas, fiscales y jueces independientes que han denunciado e investigado la corrupción gocen de las garantías constitucionales para que puedan ejercer su trabajo sin riesgo de ser perseguidas, acosadas ni criminalizadas. Defender su trabajo también es defender la democracia.
