El futuro de unos 700,000 inmigrantes pendía de un hilo mientras la Corte Suprema de Estados Unidos decidía en junio de 2020 si permitiría la finalización del programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por sus siglas en inglés). Afortunadamente para los migrantes, la corte decidió el 18 de junio que el programa deberá continuar y les permitió, por ahora, permanecer en el país y trabajar legalmente.
Iniciado en 2012, el DACA proporcionó un alivio temporal a la deportación de personas nacidas en el extranjero que ingresaron a Estados Unidos durante su niñez sin la documentación adecuada. Entre los beneficiarios directos del programa se encuentran aproximadamente 60,000 centroamericanos, incluido Daniel López, un joven guatemalteco nacido en Huehuetenango, Guatemala, que llegó a Estados Unidos con su familia cuando tenía seis años. Desde entonces, su hogar ha sido Grand Rapids, en Michigan, pero él está orgulloso de su herencia guatemalteca e indígena y espera contribuir a su tierra natal en el futuro.
Daniel cuenta que cuando ingresó al DACA “se me quitó un peso de encima”. El programa le abrió muchas puertas, incluidas mejores oportunidades educativas y laborales. Al recibir el permiso de trabajo pudo acceder a empleos más satisfactorios. Inicialmente fue ilustrador y luego obtuvo una licenciatura en Sociología de la Universidad de Michigan. Recientemente completó una beca de Política Pública en el Instituto Hispano del Congreso (Congressional Hispanic Caucus Institute) donde colaboró con la preparación para las audiencias legislativas sobre inmigrantes indocumentados detenidos y veteranos deportados.
Irónicamente, la decisión de la Administración Trump de suspender el programa DACA en 2017 se produjo en el primer día de Daniel en la Universidad de Michigan. Él se sintió abrumado por la mezcla de sentimientos contradictorios. “Uno de los mejores días de mi vida se convirtió en uno de los peores”, narra en una entrevista telefónica. Desde entonces, Daniel ha vivido en una montaña rusa de emociones, tan esperanzado como temeroso de la decisión judicial. Es consciente de que la resolución de la Corte Suprema no resolvió permanentemente su estatus legal, pero tiene la esperanza de que las elecciones de noviembre de 2020 traerán un cambio que conducirá a una nueva legislación que le permitirá a él y a otros beneficiarios del DACA una solución a largo plazo. Su sueño es poder regresar algún día a Guatemala y hacer contribuciones a su país.
El programa DACA surgió después de una década de negociaciones fallidas en el Congreso de Estados Unidos para aprobar el DREAM Act (Ley DREAM), una ley que proporcionaría un camino a la ciudadanía para sus beneficiarios. La administración de Obama anunció el DACA en junio de 2012 como una medida provisional: el programa no proporcionaría una solución permanente, pero protegería a aquellos que hubieran estado cubiertos por el DREAM Act de la deportación hasta por dos años, siempre que los beneficiarios cumplieran con los múltiples requisitos del programa.
Entre los requisitos figuraba la edad: los solicitantes debían ser menores de 31 años al 15 de junio de 2012 y haber ingresado a EE.UU. antes de cumplir 16 años. Requisitos de residencia: los solicitantes debían haber vivido en Estados Unidos continuamente desde el 15 de junio de 2007. Requisitos de educación o servicio: los solicitantes debían estar en la escuela, tener un diploma de escuela secundaria o de examen de desarrollo de educación general (GED, por sus siglas en inglés) o ser un veterano dado de baja con honores de la Guardia Costera o de las Fuerzas Armadas de EE.UU. No eran elegibles para el DACA los solicitantes con antecedentes penales o que se consideraran una amenaza para la seguridad nacional o la seguridad pública.
El amparo que proporcionó el DACA fue limitado. Protegió a los beneficiarios de la deportación y les permitió solicitar permiso de trabajo (y en algunos estados, licencia de conducir), pero solo durante dos años. Después de ese período, la protección podría renovarse, pero el programa no proporcionaría un camino hacia la residencia permanente o la ciudadanía.
En septiembre de 2017, la administración Trump decidió poner fin al programa DACA. No eliminaría los estatus vigentes (que caducarían en los siguientes dos años), pero tampoco aceptaría nuevas solicitudes o renovaciones, ni solicitudes de permisos de trabajo para los beneficiarios del programa. Los defensores del DACA presentaron demandas legales contra la decisión y el gobierno solicitó a la Corte Suprema que se ocupara del caso. Aunque varios tribunales del país decidieron que los beneficiarios del DACA deberían poder renovar su estatus, no se aceptaron nuevas solicitudes desde septiembre de 2017.
La Corte Suprema de Estados Unidos emitió su decisión el 18 de junio de 2020 y detuvo oficialmente los intentos de la administración Trump de poner fin al DACA. No dictaminó sobre la legalidad del programa en sí mismo –aunque los cuatro jueces de la minoría razonaron en su disenso que creían que el DACA en sí mismo es ilegal–.Únicamente examinó si la administración Trump había seguido los procedimientos adecuados para finalizar el programa y resolvió que consideraba que no, que no había brindado una justificación suficiente para ello.
Como resultado de esta decisión judicial, el gobierno debe continuar procesando las renovaciones del DACA y aceptar nuevas solicitudes. Sin embargo, la limitada decisión de la Corte Suprema también significa que el gobierno aún puede finalizar el DACA si sigue los procedimientos adecuados. Solo una nueva ley de inmigración brindaría una solución permanente.
Dada la naturaleza procesal de la decisión de la Corte Suprema, el problema de la legalidad del DACA sigue sin resolverse. La administración Trump ya ha anunciado que comenzará una vez más el proceso de suspender el DACA, que aportará las justificaciones necesarias y acatará los procedimientos que la corte consideró que faltan en su decisión original.
Para lograr una solución permanente, el Congreso estadounidense tendría que aprobar una nueva ley de inmigración, algo que el presidente Obama lo instó a hacer cuando anunció inicialmente el DACA. Sin embargo, la actual polarización legislativa hace poco probable que el Congreso discuta el tema antes de las elecciones de noviembre, con lo cual colocará en los resultados de los comicios presidenciales y parlamentarios el destino a largo plazo de lxs “soñadorxs”.
Cualquiera sea el resultado de estas elecciones, una solución a largo plazo para los beneficiarios del DACA puede llevar mucho más tiempo ya que el presidente y el Congreso tienen otras prioridades importantes como la actual crisis de salud pública debido a la pandemia de la Covid-19 y el resultante colapso económico, así como las demandas públicas para abordar el racismo enraizado en el sistema policial de todo el país, por mencionar algunas.
La Fundación Internacional de Seattle (SIF) cree que es esencial respetar y proteger los derechos de las y los migrantes y apoyar a quienes luchan por ellos. SIF ha realizado análisis sobre políticas para proteger los derechos de lxs migrantes y ha abogado por la protección de estos derechos, a la vez que apoya a varias organizaciones que investigan la migración centroamericana y muestran su impacto humano. La fundación también apoya a las organizaciones que trabajan para abordar las causas de la migración, aquellas condiciones que hacen que las personas abandonen sus países de origen. Nuestro trabajo se enfoca en fortalecer el Estado de derecho y las organizaciones de la sociedad civil en Centroamérica para que haya gobernanza y equidad para todas y todos.
Eric L. Olson, director de Política en DC
Mirte Postema, gerente de proyecto
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