- Reconocemos que las pandillas han tenido un impacto serio y negativo en las comunidades y que son una amenaza a la estabilidad y paz de las comunidades. Pero, a pesar de la posible justificación de un régimen de excepción, su implementación se caracteriza por masivas e indiscriminadas detenciones, lo que ha resultado en graves abusos y atropellos cometidos por el Estado salvadoreño en contra de amplios sectores de la población, incluidos jóvenes que presuntamente no tuvieron que ver con la violencia que justificaba estas acciones.
- Desde la instauración y prórrogas de este amplio régimen de excepción, mediante el cual se han suspendido garantías constitucionales relacionadas con el debido proceso y la inviolabilidad de las comunicaciones, existe abundante evidencia recogida por organizaciones de derechos humanos y la prensa que demuestran que el Gobierno y las fuerzas de seguridad están cometiendo injustificados abusos y severas vulneraciones a los derechos humanos, los cuales se expresan en masivas detenciones arbitrarias, torturas, amenazas y lesiones, principalmente en contra de personas que residen en barrios pobres y estigmatizadas por la presencia de pandillas. Según datos oficiales, ya se contabilizan más de 37,000 capturas.
- Los casos documentados muestran que se han detenido y encarcelado de forma arbitraria a cientos de niños, jóvenes, personas adultas y ancianas, incluidas personas con retraso mental y discapacidades físicas, que no integran ni tienen vínculos con pandillas. En varios casos y con total arbitrariedad y despliegue de fuerza, la policía y el ejército detuvieron a cualquiera que les parecía sospechoso y durante varios días llenaron autobuses con personas aprehendidas en comunidades pobres. Según informes de prensa y denuncias de la gremial Movimiento de Trabajadores de la PNC, se han impuesto cuotas diarias de detenciones por parte de las jefaturas policiales y militares a su personal operativo, lo que explicaría las capturas masivas e indiscriminadas.
- Bajo la justificación de proteger a la ciudadanía de la violencia de pandillas y amparadas en este régimen, las fuerzas armadas y policiales someten a residentes de comunidades pobres y personas de la clase trabajadora a un sistemático acoso e intimidación, amenazas, robos, extorsiones y chantajes. En diversos casos se ha documentado que la denuncia de una detención arbitraria ha originado la detención injustificada de varios miembros del grupo familiar.
- Son alarmantes las distorsiones legales y violaciones al debido proceso ejecutadas por la Fiscalía General de la República y respaldadas por jueces y juezas, quienes en audiencias exprés con cientos de detenidos, en muchos casos sin vínculos entre sí, sin mayores pruebas ni derecho a defensa, son acusados de pertenecer a agrupaciones ilícitas y enviados a centros penales con medidas de detención provisional que pueden extenderse hasta por un año. En muchos casos, los detenidos no han contado con un defensor durante la etapa de detención administrativa o a este no le han permitido presentar durante las audiencias arraigos y documentación que acredite su no pertenencia a pandillas.
- Existe preocupación por los señalamientos de funcionarios públicos orientados a desprestigiar e incluso criminalizar a abogados de detenidos y a miembros de organizaciones de derechos humanos que documentan casos y dan asesoría legal a las familias, al asociarlos de forma directa con estructuras de pandillas. No se descarta que este acoso y persecución se agudice en los próximos días mediante acciones legales en su contra.
- La documentación de casos que realiza la prensa y organizaciones de derechos humanos también da cuenta de las graves vulneraciones a los derechos fundamentales de las personas detenidas. Al ser enviadas a centros penales controlados por pandillas, muchas de ellas sufren extorsiones, torturas y palizas que ya han llevado a varias a la muerte. En otros casos, han muerto por falta de acceso a medicamentos para sus padecimientos o por la crisis de salud desencadenada por su condición de encierro.
- Las ya graves condiciones de hacinamiento, sobrepoblación carcelaria, precaria alimentación, acceso limitado a salud y deplorables condiciones de habitabilidad en los centros penales, han sido profundizadas por la inesperada multiplicación de la población penitenciaria en este breve período.
- Lo anterior eleva el riesgo de desencadenar una grave crisis humanitaria en los centros penales la cual podría provocar un incremento de casos de tuberculosis carcelaria y extenderse a los alrededores donde cientos de personas, principalmente mujeres y niños, permanecen en la calle en espera de noticias de sus familiares y anhelando que entre las liberaciones de algunos detenidos que las autoridades hacen por las noches, también de forma arbitraria, se encuentren sus parientes.
- Las capturas masivas y arbitrarias sin orden judicial como política criminal; las torturas, lesiones y graves abusos que han sufrido miles de personas por parte de agentes del Estado, tanto durante su detención como dentro de los centros penales; el sinnúmero de abusos a los que podrían estar sometidas muchas personas inocentes dentro de los centros penales; y las desapariciones forzadas de detenidos de los que no se tiene certeza de su paradero, podrían estar configurando delitos de lesa humanidad.
- Si el alza de homicidios el pasado 27 de abril necesitaba una respuesta inmediata y fuerte por parte del Gobierno para reducir la violencia, esta no requería la imposición de un estado de excepción tan amplio e indiscriminado caracterizado por graves violaciones a los derechos humanos hacia muchos sectores de la población. La justificación para la primera fase del estado de excepción ha desaparecido. Desde su aprobación hace más de dos meses, las cifras oficiales indican que los homicidios no superan las dos muertes diarias. Contrario a ello, las muertes de personas bajo la custodia del Estado, detenidas en el marco del régimen de excepción, alcanzaban hasta el 22 de mayo al menos las 17 víctimas, una cifra de la que no se tiene precedente en años recientes. Frente de esta realidad, el Gobierno debería haber cambiado su estrategia contra la violencia de las pandillas y el uso de un estado de excepción.
Por tanto, instamos al Estado salvadoreño a restablecer las garantías constitucionales que han sido suspendidas bajo el estado de excepción, a respetar la Constitución y los convenios internacionales que estipulan que estas garantías no pueden ser suspendidas incluso bajo circunstancias extraordinarias, a revisar los miles de casos de capturas arbitrarias, a liberar a personas en las que no recaen indicios de responsabilidad penal por la comisión de delitos, y a reparar el daño moral y material provocado a las familias y víctimas de detenciones arbitrarias y muertes bajo la tutela del Estado.
Asimismo, hacemos un llamado al Estado salvadoreño a definir e implementar una política de prevención de la violencia. Las políticas punitivas pocas veces resultan en soluciones a largo plazo, solo desplazan la violencia y eventualmente esta regresa, como lo han evidenciado diversas experiencias recientes en El Salvador. Por otro lado, las políticas integrales que incluyen programas de prevención, alternativas para jóvenes y oportunidades económicas para todos son esenciales para evitar la violencia recurrente.
Y llamamos a la comunidad internacional a seguir vigilando de cerca la situación de El Salvador y a exigir al Estado salvadoreño el cumplimiento de sus compromisos internacionales en materia de respeto a los derechos humanos.
14 de junio de 2022
Fundación para el Debido Proceso (DPLF)
Latin American Working Group (LAWG)
Fundación Internacional de Seattle (SIF)
Oficina en Washington sobre Asuntos Latinoamericanos (WOLA)
